Emergencia, Agricultura Familiar y soberanía alimentaria

Autoras/es
Carlos Carballo Gonzalez
Ing. Agrónomo, MsC. en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (CEA-UBA). Prof. Extensión y Sociología Rurales. Coordinador Cát. Libre de Soberanía Alimentaria-CaLiSA/FAUBA desde su creación (2011) a abril 2019.

Resumen
Cae masivamente el consumo y crecen los problemas alimentarios, en tanto dos terceras partes de la población manifiesta sobrepeso, obesidad y otros indicadores de malnutrición. En 2018 la pobreza alcanzó al 35 % de la población y a más del 50 % de los niños; la indigencia superó tres millones de personas. Más del 10 % de desocupación; 44 % de los ocupados son “informales”. Sigue la migración de familias de productores y trabajadores sin tierra a una sociedad con más del 90 % de población urbana. Pero en Argentina sobran alimentos y recursos para producirlos. Superada la sequía 2017/18, el “granero del mundo” sigue batiendo récords, aunque se multipliquen los interrogantes provocados por la degradación ambiental, el Cambio Climático y los mercados. Se producen prácticamente todos los alimentos que conforman la “Canasta Básica”, faltando sólo frutas y verduras si se consumiera lo recomendado.
La grave problemática alimentaria y nutricional multiplicó reclamos y propuestas que procuran paliar aspectos de la crisis: favoreciendo el acceso a los alimentos a través de la asistencia directa; la disminución de costos, impuestos y precios; el incremento de los ingresos de la población; etc. Muchas proponen la aplicación de la Ley de “Agricultura Familiar”.
Sin embargo, priman abordajes parciales del Sistema Agroalimentario Argentino; su concentración y transnacionalización no pueden soslayarse si se quieren superar las periódicas “emergencias” alimentarias. Es necesario democratizar ese Sistema desde la producción al consumo, lo que necesariamente implica participación social y un rol del Estado enmarcado en objetivos de desarrollo promotores del trabajo, la justicia y la sustentabilidad. Para alcanzarlos, deberían incorporarse al debate marcos normativos que contribuyan a la integralidad de las propuestas y orienten estrategias, más allá de la actual crisis, sus determinantes y condicionantes.

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